"No somos botín de guerra".(extracto de la carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.)

Los sucesos de Atenco forman parte de una preocupante escalada de represión a diversos movimientos sociales que se han manifestado en contra de distintas políticas gubernamentales a nivel local, estatal y federal. Asimismo, en este sentido, vemos lo sucedido en Atenco como un acto en el que el Estado Mexicano ha violentado la ciudadanía de las mujeres que estaban allí, en términos de sus derechos a la participación social y política.
Las autoridades estatales y federales de distintas instancias de gobierno han reaccionado de la manera sexista y discriminatoria que desafortunadamente vemos presente en diversos casos que involucran violencia contra las mujeres y violaciones a sus derechos humanos, tales como los feminicidios en Ciudad Juárez (y en otras partes de la república). La respuesta y declaraciones sexistas por parte de las autoridades estatales y federales, que descalifican e incluso cuestionan las numerosas denuncias y testimonios presentados a la prensa por algunas de las mujeres detenidas, son muestra de ello. Por ejemplo:

-Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México: El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto , pidió hoy a los mexiquenses "dar vuelta" al capítulo de Atenco, y puso en duda los abusos sexuales y las violaciones que denunciaron públicamente varias de las mujeres que fueron detenidas por la policía el pasado 4 de mayo. El mandatario recalcó que, hasta el momento, nadie ha presentado una denuncia ante la procuraduría del estado por las "supuestas" vejaciones, y acotó que ninguna de las detenidas permitió que, para comprobar estas acusaciones, el médico legista las valorara cuando ingresaron al penal de Santiaguito.
-Miguel Ángel Yúñez, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal: ''Lo que no es creíble, y lo que no podemos sostener, es que se hayan dado violaciones tumultuarias en el momento de la detención, cuando muchos de los compañeros de ustedes (de la prensa) estuvieron presentes antes de que la policía llegara, o que se hayan dado violaciones en el traslado, cuando eran literalmente cientos de personas las que estaban siendo trasladadas, o muchos menos en los centros penitenciarios.'' Y en otras declaraciones, dijo: "Será el Ministerio Público y una autoridad judicial la que lo determine. Si las hubo, se debe sancionar de la manera más severa a quien hubiera cometido esa falta, pero de ninguna manera podemos hacer señalamientos generales que quieran descalificar a las instituciones. Lo que hay son declaraciones de algunas personas que han hablado desde el extranjero, y que se refieren, no a violación, sino a abusos deshonestos, que es otra figura, penada también por el Código Penal, y algunas declaraciones de carácter político."
-Wilfrido Robledo, Comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México: “Sobre las presuntas violaciones a diversas mujeres en el operativo de San Salvador Atenco, Estado de México, Robledo reiteró que no hubo consumación de tales hechos. "Ya me cansé de decir que no fueron violadas, pero no toman en cuenta mis declaraciones, nada más toman en cuenta las declaraciones de otras mujeres".

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por intermedio de su titular, el Dr. José Luis Soberanes, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para que se investiguen los abusos sexuales contra mujeres detenidas en Atenco. Según el Ombudsman, hay 23 casos de vejaciones sexuales contra mujeres detenidas en Atenco, de las que se piensa que 16 son abusos sexuales y 7 casos de presuntas violaciones.
A pesar de las denuncias presentadas por la CNDH, vemos con suma preocupación las declaraciones de la encargada de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres, Alicia Elena Pérez Duarte, en las que señala: “'Contacté con las autoridades del estado de México y me aseguraron que no había mujeres detenidas, y ahora vemos en la prensa que sí las hubo; inclusive aparece una lista con sus nombres. Sin embargo, es poco claro lo que está sucediendo con el caso Atenco y me preocupa, porque cuando no hay claridad es difícil hacer justicia (…) No es la violación de tal o cual derecho, en este caso se requiere del cuerpo del delito para acreditar los hechos y no puedo iniciar una averiguación previa si no cuento con los requisitos jurídicos para ello''. Ante la gravedad de los hechos, las abajo firmantes consideramos que la Fiscalía (o alguna instancia competente del Ministerio Público) debería proceder de oficio y abrir investigaciones sobre estos casos de inmediato. En concreto, consideramos también que la Fiscalía debería pedir formalmente a las autoridades competentes, la lista de mujeres detenidas y los cargos de los que se las acusa.
Nosotras/os creemos en el testimonio de las mujeres violadas. Sabemos lo difícil que es denunciar, que faltan las palabras para expresar lo vivido. Y sabemos que pueden recibir amenazas. Les ofrecemos solidaridad, respeto y apoyo. Durante las detenciones, ellas han estado en una situación de indefensión, sin poder llamar por teléfono a nadie, casi completamente aisladas y sin acceso a abogadas/os defensores/as. Comprendemos que ante las condiciones arbitrarias, violentas y abusivas en que fueron detenidas, no ha existido el clima de confianza en la autoridad para someterse a revisiones médicas. Más aún cuando los médicos encargados, según mencionan, eran hombres, tenían una actitud autoritaria y no formaban parte del personal especializado para atender estos casos, lo que más que despertar su confianza incrementó su vulnerabilidad. La justicia debería servir para defenderlas y protegerlas, no para exponerlas.

Debido a todo lo anterior, estamos exigiendo la liberación inmediata de todas las presas, porque lo que se ha hecho con ellas no es la detención legal de presuntas delicuentes para someterlas a proceso, sino secuestro y tortura. El trato que han recibido vuelve inoperante cualquier proceso en su contra: se trata de víctimas de la violencia impune de quienes dicen defender la ley. Asimismo, estamos exigiendo el castigo a los responsables directos y a sus mandos. Lo exigimos no sólo porque es claramente de justicia, sino porque este creciente empleo del abuso sexual por la policía debe detenerse cuanto antes. No podemos admitir que se vuelva “habitual” y las mujeres en México tengamos que vivir con su amenaza, esa otra amenaza más.